Estas mejoras ya llegaron a estar aprobadas en el mes de diciembre 2018, en virtud de otro Real Decreto-ley, y gozaron de vigencia durante unas semanas, pero finalmente perdieron eficacia al no convalidar el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa extraordinaria del Ejecutivo. 

 

Las modificaciones operadas en la Ley de Propiedad Horizontal por el Real Decreto-ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros en materia de vivienda, suponen avances en relación con la accesibilidad, pero quedan aún lejos de satisfacer todas las demandas del sector social de la discapacidad articulado en torno al CERMI.

 

Tanto la medida de que las obras y actuaciones de accesibilidad en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal sean obligatorias, con independencia de la cuantía de las mismas, si existe ayuda pública de al menos el 75 % del coste, como la elevación del fondo de reserva de la comunidad de propietarios y la posibilidad de destinarlo a sufragar inversiones de accesibilidad, eran algunas de las demandas de mejora que el CERMI había trasladado a la Secretaría General de Vivienda del Ministerio de Fomento, en reuniones mantenidas en los últimos meses, y que han sido rescatadas nuevamente en el Real Decreto-ley acordado hoy por el Gobierno.

 

Por el contrario, no han sido tomadas en cuenta otras demandas del CERMI como la rebaja de las mayorías requeridas para adoptar acuerdos sobre cuestiones de accesibilidad en el seno de las juntas de propietarios o el mandato al Gobierno para que refundiera en un texto único la vigente Ley de Propiedad Horizontal y la Ley sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas, del año 1995, para regularizar, aclarar y armonizar ambas disposiciones normativas.

 

A pesar de estos avances promovidos por el Gobierno, que pueden tener recorrido para que las obras y actuaciones de accesibilidad sean más fáciles de llevar a término que en estos momentos, la solución completa pasa por la eliminación del límite de ingresos de la comunidad por cuotas comunes (12 meses en la actualidad) para que la obra sea obligatoria o no. Las actuaciones de accesibilidad han de llevarse a cabo, con independencia de su coste y de los ingresos, cuando las pida un vecino con discapacidad o mayor de 70 años, por tratarse siempre de un deber legal indeclinable de la comunidad.

 

El CERMI espera que en esta situación de final de la Legislatura este Real Decreto-ley sea convalidado por el Congreso, para lo cual pide el apoyo de todos los Grupos de la Cámara, pero mantiene vivas sus demandas de solución normativa completa con una reforma más profunda y ambiciosa de la Ley de Propiedad Horizontal, que tendrá que ser acometida en el nuevo mandato parlamentario que se inicie tras las elecciones generales del 28 de abril.

 

Informe del CERMI Estatal sobre los aspectos de accesibilidad y de personas con discapacidad contenidos en el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler